Ley 21.850 cambia los recursos contra permisos ambientales y limita las cautelares de tribunales ambientales

La Ley N° 21.850, conocida como megarreforma o ley de reconstrucción, fue promulgada el 9 de octubre y publicada en el Diario Oficial el 17 de octubre de 2026. Además de sus medidas tributarias, modifica la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y la Ley 20.600, de los tribunales ambientales. Pasó por dos sentencias del Tribunal Constitucional (TC) y por una toma de razón de Contraloría con observaciones. El texto publicado conserva dos artículos referidos a una indemnización que el TC declaró inconstitucional.

Qué cambia en la evaluación ambiental

El artículo 11 reemplaza el artículo 20 de la Ley 19.300, sobre el reclamo contra una resolución de calificación ambiental (RCA), el acto que aprueba o rechaza un proyecto en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA):

• Contra las RCA de declaraciones de impacto ambiental (DIA) se reclama ante el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental; contra las de estudios de impacto ambiental (EIA), ante un comité de ministros presidido por el ministro del Medio Ambiente. El plazo para reclamar es de 30 días.
• Pueden reclamar el titular, quienes hicieron observaciones en la participación ciudadana (solo sobre esas observaciones y vicios esenciales del procedimiento) y otros interesados, que deben alegar afectación directa.
• Si la autoridad no resuelve en plazo, el reclamo puede darse por rechazado mediante un certificado, lo que abre la vía al tribunal ambiental (20 días).
• Un nuevo artículo 25 septies crea un régimen voluntario de evaluación con menos rondas de aclaraciones: una para las DIA y hasta dos para los EIA.

Qué cambia en los tribunales ambientales

El artículo 14 modifica la Ley 20.600. Las medidas cautelares que suspendan una RCA durarán como máximo 30 días, renovables, y en ningún caso podrán extenderse más de seis meses desde que se otorgaron. Esas resoluciones serán apelables. La ley también excluye la RCA de la reclamación por invalidación del numeral 8 del artículo 17 de esa ley.

El paso por el Tribunal Constitucional

Senadores y diputados de oposición presentaron tres requerimientos, acumulados en los roles 17.828-26, 17.829-26 y 17.832-26. El TC dio a conocer su decisión el 13 de agosto, y la sentencia lleva fecha 26 de agosto. Según la cobertura de 24 Horas e Induambiente, el tribunal declaró inconstitucionales en su totalidad los artículos que daban derecho a indemnización cuando una RCA fuera anulada judicialmente; la frase que restringía el reclamo de quienes no habían hecho observaciones; y las normas que liberaban del SEIA las llamadas micro-relocalizaciones de concesiones acuícolas. Rechazó los demás capítulos. Entre ellos estaba la impugnación del tope a las cautelares, que hoy forma parte de la ley publicada.

En el control preventivo obligatorio (Rol 17.917-26 CPR, 2 de octubre), el TC advirtió que una norma sobre la reclamación del monto fijado por un tribunal arbitral estaba ligada a los artículos ya anulados, pero no había sido impugnada. Emol informó que en ese control se eliminó una disposición sobre esas indemnizaciones.

El alcance de Contraloría

Aun así, los artículos 12 y 13 de la ley publicada regulan el pago de un monto fijado por un tribunal arbitral y una reclamación ante la Corte de Apelaciones por el monto a indemnizar por la anulación de una RCA. Según La Tercera y Radio Universidad de Chile, Contraloría tomó razón del decreto promulgatorio el 16 de octubre con un alcance. En él sugirió a los colegisladores evaluar una regulación más detallada de las disposiciones vinculadas a normas declaradas inconstitucionales. Según La Tercera, el Ejecutivo sostuvo que el texto no podía alterarse y que esas normas carecen de efecto.

Análisis de Expediente Ambiental. Sin el derecho a indemnización, los artículos 12 y 13 regulan el procedimiento de un pago que la ley ya no reconoce. Que tengan algún efecto práctico dependerá de cómo los interpreten los tribunales, o de que una ley posterior los corrija.

Qué viene

• La ley rige de forma gradual. No pudimos confirmar desde cuándo se aplican las reglas ambientales.
• Según La Tercera, las normas inconexas se corregirían en una ley posterior. No encontramos un proyecto ingresado con ese fin.

Lo que no pudimos verificar

• La parte resolutiva y las votaciones de ambas sentencias del TC, cuyos PDF solo pudimos leer en parte. Lo resuelto proviene de la prensa y de los considerandos del control preventivo.
• El número y el texto del oficio de Contraloría, que conocemos por la prensa.
• Las disposiciones transitorias de la Ley 21.850.